Atreve recuerda que tener un presupuesto firmado es un paso obligatorio para proceder a reparar un vehículo. Un reciente informe señala que la realización de reparaciones no autorizadas es el motivo más frecuente por el que los consumidores presentan reclamaciones contra los talleres de reparación de vehículos, de ahí que desde la asociación se subraye lo que dice la normativa.

Así, cabe recordar que el cliente tiene derecho a conocer el presupuesto detallado, con el precio de la mano de obra y de las piezas por separado, y que en el caso de que lo considere conveniente puede acudir a otro taller para pedir otro presupuesto y comparar. Si se da la circunstancia de que finalmente decide contratar el trabajo a otro taller, el primero puede cobrar la elaboración del presupuesto. Siempre hay que informar previamente de todas estas circunstancias.

El cliente y el taller pueden acordar la no realización del presupuesto, pero en ese caso el cliente ha de firmar también, de su puño y letra, la renuncia.

Además, si una vez que se está realizando la reparación aparecen otras averías ocultas, hay que informar al clienteen el plazo de 48 horas y, de nuevo, solicitar su firma en el nuevo presupuesto para proceder a dicho arreglo.

Siempre el taller que recibe un vehículo para su reparación ha de contar entregar al cliente un resguardo de depósito, del que también se quedará una copia, y la orden de reparación. Son esenciales tanto para el taller, por ejemplo para poder reclamar en caso de impago, como para el cliente, que podrá acreditar que el vehículo estaba bajo la custodia del taller en el caso de que lo multen, por ejemplo, mientras salió en pruebas.

Seguro colectivo

Desde Atreve se recuerda, no obstante, que los socios de Atreve cuenta con la cobertura de una póliza colectiva para hacer frente a las reclamaciones a través de Consumo o de cualquier otra. El simpre hecho de no tener la aceptación del presupuesto firmado puede dar lugar a una multa de 3.000€, recuerda la asociación. La póliza cubre en estos casos los honorarios del abogado para prsentar las oportunas alegaciones y seguir todo el procedimiento, al igual que en los conflictos que puedan surgir con las administraciones o con los proveedores.