La Asociación de Empresarios del Taller de Reparación de Vehículos de A Coruña (Atreve) ha acordado con la Policía Autonómica dar un paso más para mejorar su colaboración en la lucha contra los talleres ilegales. Anteriormente la entidad recopilaba datos sobre los establecimientos y enviaba la relación a las autoridades, pero ahora va a informar de cada caso una vez que reciba información, sin esperar a reunir más, con la finalidad de agilizar la realización de inspecciones y mejorar la eficacia del control sobre el sector.

Es un cambio que se realiza por sugerencia de la propia Policía Autonómica. Desde Atreve se recuerda que los socios, y cualquier interesado, tienen a su disposición en la web un portal de denuncias en el que pueden indicar la situación irregular que hayan observado. Así, las más habituales son las de talleres que no tienen la placa de Industria, o que realizan actividades que no están amparadas por la placa que tienen expuesta, o que no cuentan con la cartelería obligatoria, no están en la base de datos de Industria o que tienen operarios que no están de alta, entre otros.

La asociación recuerda que estas denuncias se trasladan a la Policía Autonómica desde Atreve, sin identificar la persona que hace llegar la información, y que son los agentes los responsables de realizar las oportunas comprobaciones y, en su caso, abrir el expediente sancionador que corresponda.

Trayectoria de lucha contra los ilegales

La lucha contra los talleres ilegales ha sido desde hace más de cinco años una de las tareas prioritarias de Atreve. Cuando se fundó la asociación, en el año 2017, se contrató a un detective privado para elaborar un completo informe en el que se identificaron 65 negocios de reparación de vehículos irregulares. Aquel estudio se puso en manos de las autoridades y se inició, con ello, un camino de colaboración que se ha mantenido a lo largo de los años.

Atreve recuerda que los talleres ilegales representan una merma de facturación de entre el 20 y el 30% al sector de la reparación de vehículos. Los perjuicios que causan estos negocios, además de económicos, afectan a la seguridad en las carreteras y a los derechos de los consumidores.